La verdadera medida de la justicia no se encuentra en la eficacia de un expediente, sino en el eco de la confianza ciudadana que logramos inspirar. Entendiendo esta premisa fundamental, la planificación del futuro judicial no podía ser un mero ejercicio técnico, sino un proceso profundamente humano, de escucha activa y participación. Es una conversación larga, que avanza a veces rápido y a veces despacio, pero siempre guiada por la convicción de que podemos ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Hoy, con la sencillez que demanda la verdad, quiero relatar cómo se construyó ese camino que nos llevó al Plan Justicia del Futuro 2034, un proceso que no nació de un escritorio, sino del encuentro de miles de voces.
Todo comenzó con una pregunta simple, pero decisiva: ¿qué justicia queremos construir para la próxima década?
Esa pregunta nos obligó a mirar hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro: revisamos nuestros datos, nuestros procesos, nuestras limitaciones y logros, realizando un análisis exhaustivo con el valioso apoyo técnico de la AECID. Esto nos permitió hacer conciencia de nuestras capacidades actuales y de las oportunidades de transformación. Pero sabíamos que esto no bastaba. La justicia vive en la experiencia cotidiana de quienes la usan, de quienes trabajan en ella y de quienes esperan que funcione. Por eso, iniciamos un diálogo con el país.
Algo que me conmovió profundamente durante este proceso fue la madurez y el sentido de propósito con el que las personas se acercaron. Tenían ansias de participar. Muchas veces se supone que hablar de justicia es hablar de conflicto, pero lo que encontramos fue un deseo genuino de aportar. Servidores judiciales que propusieron soluciones concretas, líderes comunitarios que compartieron experiencias duras pero esperanzadoras, estudiantes de derecho que pidieron más transparencia y más pedagogía. Esa disposición a participar, incluso a disentir, reafirmó que el Poder Judicial solo puede avanzar si entiende que la justicia es una construcción colectiva.
En total, organizamos 18 talleres, distribuidos en más de 210 mesas de trabajo, y logramos una interacción con 3.018 personas entre septiembre de 2024 y marzo de 2025.
Los encuentros presenciales reunieron a 1.680 personas en los talleres de “Situación Actual y Visión de Futuro”, a los que se sumaron 450 participantes de los seis Talleres Regionales, junto con 108 personas en talleres virtuales especializados y 792 ciudadanos que participaron en la consulta digital abierta al público.
Los primeros encuentros fueron reveladores. En los 9 talleres de “Situación Actual y Visión de Futuro”, realizados entre junio y septiembre, participaron 1.680 personas y se generaron 746 iniciativas, clasificadas en procesos, normativa, digitalización, capacitación, recursos humanos y acuerdos institucionales. Cada iniciativa respondía a preocupaciones o aspiraciones concretas de quienes convivían a diario con el sistema. Escuchar a magistrados, servidores, defensores, fiscales y equipos administrativos debatir prioridades para los próximos diez años nos confirmó que la institución tiene una enorme capacidad para pensarse a sí misma con honestidad y ambición.
La segunda etapa llevó este esfuerzo más allá de la capital. Los 6 Talleres Regionales, realizados en el Cibao Centro, el Este, el Distrito Nacional, el Cibao Norte, el Sur y el Oeste, reunieron a 450 participantes, entre alcaldes, gobernadoras, rectores universitarios, empresarios y líderes comunitarios. Allí escuchamos inquietudes urgentes: la violencia intrafamiliar (47,8 %), el tráfico de drogas (40,5 %), los robos (39,1 %), la corrupción (37,2 %) y la violencia sexual contra mujeres y menores (37,2 %) encabezaban las preocupaciones ciudadanas. También se señalaron barreras persistentes como la duración de los procesos (51,6 %), el desconocimiento de derechos (46,8 %), la complejidad de los procedimientos (26,6 %) y los costos legales (26,6 %). Estas cifras no quedaron fuera del plan: fueron incorporadas como llamadas de atención y como base para fortalecer nuestras iniciativas de simplificación procesal, educación ciudadana y acceso equitativo.
La tercera etapa llevó esta apertura al plano digital mediante una consulta en línea donde 792 personas compartieron su experiencia y percepción del sistema. Allí, además de críticas, encontramos señales importantes de confianza institucional: la Suprema Corte de Justicia alcanzó un 89,6 % de valoración positiva, el Registro Inmobiliario un 85,5 %, los tribunales un 79,2 %, los jueces un 78,5 % y la Defensa Pública un 78,4 %. Estos números no solo nos alentaron, sino que nos recordaron la responsabilidad de estar a la altura de esa confianza.
Además del componente participativo, este proceso nos obligó a fortalecer nuestra metodología de planificación institucional. Cada taller generó datos, cada conversación produjo insumos, cada encuesta alimentó decisiones. Creamos mecanismos para sistematizar información, clasificar iniciativas y compararlas entre regiones y actores. Ese rigor técnico nos permitió tomar decisiones más precisas y detectar patrones que, de otra forma, habrían permanecido invisibles.
La planificación por escenarios no solo aportó visión, sino también disciplina: nos enseñó a pensar con horizontes más amplios y a anticipar caminos alternativos para los próximos diez años.
De estos tres grandes movimientos (lo inmediato, lo regional y lo digital) surgió algo más que un diagnóstico: surgió una visión compartida del futuro de la justicia. Una visión basada en datos, en experiencias reales y en expectativas diversas. Esa visión fue luego contrastada con los escenarios futuros, lo que nos permitió ajustar prioridades y garantizar que el plan pueda responder a un país en transformación constante.
Para el propio Poder Judicial, este proceso también tuvo un efecto transformador. En muchos equipos se reforzó la idea de que la planificación no es una tarea periférica, sino una pieza central de la gestión pública. Ver a tantas áreas trabajando juntas (desde planificación hasta tecnología, desde recursos humanos hasta las jurisdicciones) permitió que la institución desarrollara una cultura interna más colaborativa y orientada al futuro. Nos recordó que, cuando trabajamos con propósito común, somos capaces de sostener proyectos de largo alcance y de construir una justicia más coherente, más moderna y más humana.
Hoy, al mirar el proceso completo, tengo la convicción de que hicimos lo correcto: construir el plan con la gente, con las instituciones, con los territorios. No hay manera más honesta de pensar la justicia del futuro que sumando a quienes la viven todos los días. Esa ha sido la mayor enseñanza de este recorrido.
